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Los aranceles o impuestos a la importación han existido durante siglos. Su utilización se remonta a la antigüedad y las naciones los han utilizado para controlar el comercio y proteger a las empresas nacionales.
En la Edad Media, las ciudades italianas comenzaron a imponer impuestos a los productos que se importaban en sus puertos con la finalidad de proteger a sus mercaderes e industrias. Estos impuestos a la importación, o aranceles, eran comunes en ciudades como Venecia, Génova, Pisa y Florencia que se habían convertido en importantes centros comerciales en Europa.
Se aplicaban a una amplia gama de bienes y no eran uniformes pues variaban en función del tipo de producto y del país de origen. A menudo, los productos de los países vecinos estaban sujetos a menores impuestos que los productos de los países más lejanos.
Más tarde, durante la época de expansión colonial, las metrópolis europeas utilizaban aranceles para proteger sus intereses comerciales, siendo una fuente importante de ingresos para sus economías. Potencias coloniales como España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda establecieron sistemas de aranceles y de barreras comerciales para controlar el comercio desde y hacia sus colonias.
En la época de la Revolución Industrial (segunda mitad del siglo XVIII y siglo XIX), los aranceles o impuestos a la importación se convirtieron en una herramienta popular para los países industrializados que buscaban proteger a sus industrias nacionales y aumentar su competitividad. Esta política se conoció como proteccionismo y se utilizó para fomentar la producción local y reducir la dependencia de las importaciones.
En Europa, el proteccionismo se convirtió en una política común y Gran Bretaña, que había liderado la Revolución Industrial, comenzó a utilizar aranceles para proteger su industria textil, decisión que siguieron los demás países de la región los que también establecieron aranceles para proteger, a su vez, sus industrias siderúrgicas y manufactureras.
Durante el siglo XX, los impuestos a la importación continuaron siendo una herramienta importante en la política comercial de los países, y han sido utilizados tanto para proteger a las industrias nacionales como para promover el comercio internacional.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un sistema internacional de libre comercio, conocido como el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), que estableció reglas para la reducción de los aranceles y la eliminación de las barreras comerciales, aunque en el mismo los países mantenían la capacidad de utilizar aranceles y barreras no arancelarias
Sin embargo, en las décadas de 1970 y 1980 muchos gobiernos comenzaron a adoptar políticas económicas neoliberales que favorecían el libre comercio y la reducción de los aranceles por lo cual el GATT fue sustituido, en 1995, por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que estableció reglas internacionales para la actividad comercial y la reducción de los aranceles.
En la actualidad, los aranceles o impuestos a la importación siguen siendo una herramienta importante en la política comercial de muchos países. Un ejemplo de esto último es la implementación por el gobierno de los EEUU de aranceles sobre una serie de productos importados, incluyendo acero, aluminio y bienes chinos, argumentando que con ello ayudan a proteger a las industrias nacionales y a crear empleos, justificación que no es compartida por algunos críticos quienes aseguran que ello puede llevar a un aumento de los precios para los consumidores, reducir la competencia y aumentar el riesgo de una guerra comercial entre países.
A nivel internacional la OMC ha establecido un conjunto de reglas que los países deben seguir para garantizar que sus políticas comerciales sean justas y no discriminatorias, pero a pesar de esto, los aranceles y las barreras comerciales siguen siendo un tema de controversia y debate en la política comercial global.
En España, los aranceles son impuestos que se aplican a la importación de ciertos productos para proteger la producción nacional y garantizar la competitividad de las empresas españolas. Estos aranceles son establecidos por la Unión Europea (UE) y aplicados por los países miembros, incluyendo España.
El sistema arancelario de la UE se basa en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), que es un sistema internacional que clasifica los bienes en diferentes categorías según su naturaleza y uso. Cada categoría tiene una tasa de arancel diferente, y los aranceles pueden ser ad valorem (porcentaje del valor del producto) o específicos (cantidad fija por unidad de medida).
En general, y en comparación con otros países, los aranceles en España y en la UE son bajos. Esto se debe a la política de libre comercio de la UE y su compromiso con la eliminación de barreras comerciales y con la promoción del comercio internacional. Sin embargo, la UE mantiene algunos aranceles para proteger a las industrias nacionales, como la agricultura y la producción de textiles.
Además de los aranceles, España cuenta también con otras medidas comerciales, como las barreras no arancelarias, que pueden incluir requisitos de calidad, normas técnicas, licencias de importación, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros, y que al final pueden tener un efecto similar al de los aranceles al limitar la cantidad de productos importados y proteger a las industrias nacionales.
En la UE, las barreras no arancelarias se regulan a través del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que establece reglas y procedimientos para asegurar que las barreras no arancelarias sean justas y no discriminatorias. Y cuenta también con una serie de regulaciones y directivas para garantizar que los productos que se venden en el mercado común cumplan con los estándares de calidad y seguridad.
En España, las autoridades encargadas de regular las barreras no arancelarias son, entre otros organismos, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Instituto Nacional de Estadística y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, los que trabajan de conjunto para garantizar que las regulaciones y estándares aplicados a los productos importados sean justos y no discriminatorios, y que cumplan con los estándares de calidad y seguridad internacionalmente establecidos.
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